8 de agosto de 2023.
En el marco del Día Mundial Contra el Delito de la Trata de Personas y para sumar acciones afirmativas en torno a una vida sin violencia y el reconocimiento de los derechos humanos, El Colegio de Sinaloa asistió al conversatorio “Diálogo sobre la actuación institucional para la atención, prevención y sanción del delito de la Trata de Personas”, que congregó las participaciones de María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres; Sara Bruna Quiñonez, Fiscal General del Estado de Sinaloa; José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Oscar Fidel González Mendívil, rector de la Universidad del Policía; Ricardo Jenny del Rincón, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y Alma Bernal, presidenta de las Mujeres en México por la International Human Rights Commission (IHRC).
Por el carácter transversal de un tema que atañe a la sociedad en su conjunto, la actividad fue celebrada este martes 8 de agosto del presente año en el auditorio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde reunió a un amplio público de las áreas de educación, cultura, organismos públicos vinculados con activismo por los derechos humanos, entre otros.
Para abrir el conversatorio, Teresa Guerra Ochoa explicó en qué consiste la trata de personas y distinguió dos tipos: de índole sexual y de explotación laboral. Respecto a la trata de personas con objetivo sexual, destacó que las mujeres y los niños comprenden más del 95% de las víctimas. Por otra parte, en la explotación laboral más del 60% se compone por hombres. “Hay mucho subregistro, a veces lo que encontramos es un desconocimiento de cuál es el real nivel de incidencia. En muchos de los casos no hay denuncia, entonces lo primero que tenemos que fortalecer es tener el diagnóstico más objetivo”, aseguró la titular de las Mujeres.
“La trata de personas ha adquirido dimensiones de una crisis humanitaria”, señaló José Carlos Álvarez Ortega, quien lo definió como un fenómeno versátil que se manifiesta a través de distintas vertientes como: la explotación sexual y laboral, la utilización de menores de edad en actividades delictivas, la adopción ilegal de menores, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos, tejidos y células humanas e incluso por medio de la experimentación biomédica ilícita. Afirmó que la CEDH Sinaloa participa de modo activo en favor de la resolución de estos casos: “El modo en que podemos contribuir como organismo es apoyando y fortaleciendo las capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional, promoviendo la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz, todo esto por medio de la capacitación en materia de derechos humanos, además de la sensibilización a las y los servidores públicos en este tipo de procesos, así como a la sociedad civil”.
Uno de los retos o de las acciones que tienen las instituciones es implementar el acercamiento a los sectores productivos en situaciones de explotación laboral forzosa, argumentó la fiscal Sara Bruna Quiñonez. Asimismo, dijo que se debe trabajar en concordancia interinstitucional, diseñar un plan para acercarse a la sociedad civil, es decir, socializar este fenómeno, tarea en la que sería conveniente involucrar a la Secretaría de Educación Pública, señaló. También compartió que: “desde Fiscalía nos comprometemos a atender a las víctimas como seres humanos, a respetarlas, creerles, apoyarlas, orientarlas y, sobre todo, a tratar de acreditar de manera científica el delito”.
En la trata de personas la parte fundamental de la acción debe ser la protección de la víctima en primer lugar y después dar pie a todo al proceso penal, destacó Óscar Fidel González mediante la propuesta de crear un modelo de justicia centrado en la víctima específica del delito de trata de personas. También comentó que “generar conocimiento es fundamental, porque si la política pública no está orientada por investigación científica empezamos a suponer que lo que se origina conforme a nuestro pensamiento es lo correcto; entonces el reto de la Universidad del Policía es ponerse a disposición para el análisis científico de estos fenómenos y generar soluciones”. De la misma manera enfatizó que —si la víctima no se siente segura, si no tiene confianza— no habrá información en la carpeta para el proceso penal.
“Al menos en 127 países del mundo se ha denunciado la trata de personas, principalmente en tema de explotación laboral y sexual”, afirmó Ricardo Jenny del Rincón, por lo que México y sus entidades federativas no se encuentran exentos de esta problemática que atenta, principalmente, contra poblaciones vulnerables como las infancias, las mujeres, los indígenas y los migrantes. “El papel institucional que juega el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en esta materia es brindar la información sobre la prevalencia del delito con el fin de monitorear su comportamiento y así elaborar protocolos de actuación eficaz para la prevención, atención y posterior erradicación de la trata de personas en el país”.
Ante la problemática tan compleja que es la trata de personas, a la sociedad civil nos toca informarnos, socializar los derechos humanos en nuestro primer núcleo que es la familia, atender a las minorías y construir con todo esto una sociedad sana, afirmó Alma Bernal. Puntualizó la importancia de brindar confianza y protección a la ciudadanía en los procesos judiciales eficaces, pues uno de los factores por los que no denuncian delitos como la trata de personas es que no se sienten con la seguridad de hacerlo. “No sólo tenemos que apoyarnos en la difusión de la información, sino también debemos crear un ambiente de confianza en el que el ciudadano pueda acudir a organismos gubernamentales a presentar su denuncia, no hay que dejar todo a las instituciones ni todo a la ciudadanía, es necesario trabajar en conjunto.”
