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Mientras el régimen de gobierno y el combate a la corrupción no entren en sintonía, los resultados serán modestos: Diego Valadés

18 marzo 2021

Vincular el combate a la corrupción y el régimen de gobierno es la premisa que el Dr. Diego Valadés —destacado jurista y miembro de El Colegio de Sinaloa— compartió el jueves 18 de marzo en el ciclo Conversaciones en El Colegio de Sinaloa, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SESEA), durante la videoconferencia: Régimen de gobierno y combate a la corrupción.

En esta actividad se contó con la presencia del Dr. Gonzalo Armienta Hernández, Coordinador General de Posgrado de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. De igual manera estuvo presente el Dr. Jesús Eligio Tirado Ramos, Director de Capacitación y Vinculación interinstitucional de la SESEA, y la Lic. Lydia Concepción Celaya, Secretaria General de El Colegio de Sinaloa.

Diego Valadés inició reconociendo la labor de los funcionarios de la SESEA, así como de los funcionarios con tareas análogas en otros estados de la República, quienes se enfrentan a un panorama donde, a pesar de contar con instrumentos de vanguardia y con una normativa de primer nivel, los avances que se advierten —en combate a la corrupción—  son inferiores a los esperados por ellos como los que percibe la sociedad.

Atribuyó que la corrupción, al ser un fenómeno multifactorial, se encuentra más allá de las posibilidades del Sistema, ya que a la hora de aplicar instrumentos que han tenido éxito en otros países “no hemos tenido en cuenta un desfasamiento que se da entre nosotros, entre las disposiciones técnicas, jurídicas para combatir la corrupción y el entorno, no el entorno social, sino el entorno institucional”.

El Dr. Valadés aclaró que el combate a la corrupción en México ha tenido muchas vertientes, en una primera fase se estableció la Secretaría de Bienes Nacionales para regular el funcionamiento de las instituciones mexicanas en cuanto al manejo de los bienes de la nación, y así evitar desvíos por parte de servidores públicos. Ésta terminó desapareciendo por los altos índices de corrupción que logró alcanzar. Posteriormente, para los años 70s, el nivel de corrupción en México había alcanzado la cúspide, la riqueza petrolera del país ocasionó una voracidad ilimitadade recursos públicos para beneficios personales, acelerando el fenómeno de la corrupción.

Era tan crítica la situación que el candidato a la presidencia Miguel de la Madrid promovió la renovación moral de la sociedad como tema de campaña; el Dr. Valadés agregó también que, una vez presidente, propuso la renovación del título del Artículo 8° de la Constitución Política que permitía la creación de mecanismos de combate a la corrupción más frontales, estableciendo así la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF).

El Dr. Valadés señaló que estos esfuerzos datan a 1982, cuarenta años en que los mecanismos de combate son los mismos, donde el enfoque anticorrupción recae en mecanismos de organización administrativa. Por lo que, la corrupción no solo aún existe, sino que sigue creciendo; agregó que “no saldremos de este gran problema mientras no veamos que hay necesidad de examinar la relación entre régimen de gobierno y corrupción”.

El jurista explicó que el régimen de gobierno es un sistema presidencial de alta concentración de facultades en el presidente de la República, y de mínimos controles dentro del gobierno y hacia el gobierno. En suma, afirmó que “el esquema presidencialista ha permeado toda la estructura de organización y de funcionamiento del poder en México, y aquí es donde nos encontramos con el verdadero cuello de botella que hace que los esfuerzos por combatir la corrupción sean colosales, y que los resultados en el combate a la corrupción sean modestos”.

Además, mencionó que en este momento hay 17 exgobernadores que o están sujetos a proceso o que son buscados por la justicia mexicana; esto significa que la honorabilidad, el ejercicio recto del poder, depende de la decisión personal de quien ocupa el poder, “si quien ocupa el poder tiene convicciones éticas actuará con honorabilidad, si tiene vocación o tentaciones que perviertan su actividad actuará de manera deshonesta”. Como es el caso hipotético, porque aún no se les ha demostrado nada, de los 17 funcionarios citados.

Definió que los controles que se adoptan para un buen ejercicio del poder son esencialmente de dos niveles, controles horizontales y verticales. Los primeros son los que se ejercen entre los propios órganos del poder; y los segundos son los que ejercemos los ciudadanos con relación a los gobernantes, o los que se ejercen con los diferentes niveles de instituciones en el país.

El miembro de El Colegio de Sinaloa señaló que, en el orden vertical, aunque la Federación sí ejerce controles en torno a los gastos de recursos ejercidos por los gobiernos estatales y municipales, no hay forma que los estados ni los municipios pueden participar en ningún nivel de control con relación al gasto de la Federación. Y en un nivel horizontal, ni el Congreso que autorizó el ingreso ni la Cámara de Diputados que autorizó el gasto, tienen facultad alguna para verificar cómo se está manejando la masa de recursos económicos que entrega el pueblo mexicano para que los utilice y los maneje el Gobierno Federal.

Además, explicó que la ley que determina esta forma de participación se aprobó hace 50 años, evidenciando que nuestro Federalismo no ha evolucionado un milímetro desde entonces. Así agregó que “poco se podrá hacer en el combate a la corrupción, mientras no se tenga el control general, completo de la masa de recursos fiscales que el país genera”, significando que tanto el presupuesto federal debe ser una ley, como los presupuestos estatales, y de la misma forma, la Cuenta Pública —que exige el Artículo 74 de la Constitución—  debería ser supervisada por un Tribunal de Cuentas.

El Dr. Valadés mencionó que no hemos avanzado para construir en México un sistema robusto y complejo de verificación de que aquello que se autorizó al Gobierno como gastos, sea igual y en la misma forma en que se autorizó. Asimismo, el rezago en cuanto al régimen de gobierno, ha llevado a que los gobernantes dispongan de una enorme libertad en cuanto a los rangos de decisión para determinar hacia dónde se dirigen los recursos, a razón de que no es ley el presupuesto.

Para lo anterior, el Dr. Valadés ejemplificó el caso del presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, quien envió un paquete de propuestas de 1.9 trillones de dólares, siendo aprobado por el Congreso para su erogación. En esta potencia ni el presidente ni el secretario del tesoro poseen facultades para realizar cambios a la propuesta aprobada. La diferencia entre ambos países en niveles de corrupción radica en que “es mayor donde el poder tiene más facultades discrecionales que donde el poder tiene menos facultades discrecionales”.

Al final de su exposición reflexionó que “mientras no modifiquemos el régimen de gobierno, y la minoría no tenga la capacidad de investigar al gobierno; mientras no modifiquemos la acción potencial de los poderes públicos en el combate a la corrupción, y alineemos al conjunto de instituciones para combatir un problema que viene carcomiendo la vida del país, y que está en el origen de problemas como el narcotráfico, la multiplicación imparable de la pobreza, y la violencia. Mientras no tengamos una forma de organización que nos permita decir: el régimen de gobierno entra en sintonía con los programas de combate a la corrupción. Mientras no hagamos eso, los esfuerzos serán plausibles, habrá que seguirlos apoyando, pero también habrá que comprenderlos”, pues agregó que los resultados que dan en el combate a la corrupción, son los mejores según las posibilidades del contexto actual de las instituciones.

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